Con el juego de palabras ¿si hay minusvalía hay que pagar la plusvalía? queremos hablar del la conocida “plusvalía municipal”, (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos), regulado de los articulo 104 al 110 de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo. Es un impuesto cuyo mecanismo de cálculo es poco conocido
El impuesto se calcula a partir del valor catastral del suelo, considerando una revalorización anual “automática” (a veces ficticia), que viene predeterminada por la correspondiente ordenanza municipal (normalmente entre un 2,5 % y un 3 % al año). Sobre esta revalorización “presunta” se aplica un tipo que puede llegar nada menos que hasta el 30 %.
Durante esta larga crisis económica, en la que los gobiernos sucesivos (antes el del PSOE y ahora el del PP) han resuelto paliar el déficit de las Administraciones Públicas con notables subidas de impuestos, las sucesivas revisiones al alza del valor catastral del suelo han llevado al aumento desmesurado de este impuesto, al no modificar el tipo aplicable, que sigue rozando el 30 por ciento en la mayoría de los Ayuntamientos. Podría hablarse de una subida encubierta de impuestos que el contribuyente sólo percibe cuando tiene lugar una transmisión y que, por tanto, aparentemente, no desgasta políticamente a los responsables municipales.
Sin embargo, asistimos en la actualidad a un fenómeno nuevo, cual es la existencia de compraventas de viviendas en las que el precio real es inferior incluso al propio valor catastral, en cuya revisión, lejos de haberse tenido en cuenta la evolución real de los precios, con caídas que pueden oscilar entre un 40 ó 50 llegando en zonas costeras al 70%, se ha optado por subidas notables de forma generalizada. Todo ello, además de producir una desmesurada subida del IBI, ha convertido a la plusvalía municipal en un impuesto enormemente gravoso e injusto.
Pero la injusticia es aún mayor en los numerosos casos en los que el propietario se ve obligado a vender su vivienda por un valor inferior al de adquisición, al haberlo adquirido en los años inmediatamente anteriores a la crisis, generando así una minusvalía real, pese a lo cual se aplica el gravamen con toda crudeza.
Se ha debatido sobre la legalidad de tales liquidaciones, si la ficción legal que genera el hecho imponible (la revalorización automática determinada por aplicación de la ordenanza municipal correspondiente), es una presunción “iures et de iure” o si por el contrario, el impuesto requiere el presupuesto de que exista un verdadero incremento de valor, puesto de manifiesto con ocasión de una transmisión, en cuyo caso se trataría de una presunción “iuris tantum”. Es decir, si el contribuyente debe pagar en todo caso, haya obtenido o no ganancia, tal y como se viene haciendo en la práctica, o si por el contrario se debe limitar la liquidación a los supuestos en que exista un incremento real del valor del inmueble transmitido. Pues bien,
La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 805/2013 de 18 de Julio, ha venido a recoger esta última doctrina, al señalar, de forma elocuente, que “el impuesto grava, según el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad ”…” por tanto, el incremento del valor … constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo del artículo 107 de la LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria”.
“En conclusión”…( continúa la Sentencia) , “la ausencia objetiva de incremento de valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad justicia y capacidad económica”.
“Estas conclusiones,…han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica ”…” de ser la ficción jurídica la única interpretación posible del artículo 107 de la LHL este habría de considerarse inconstitucional ”,….” pues la Constitución impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.
De acuerdo con esta sentencia, la base imponible del impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de los cálculos municipales, pudiendo acudirse a la tasación pericial contradictoria para demostrar la existencia de un incremento de valor inferior al calculado por el Ayuntamiento, o incluso la ausencia total de incremento.
Si bien esta sentencia como otras mas como la del TSJ de Cataluña de 21 de marzo y del 9 de mayo de 2012 asi como varios TSJ como el de Murcia, Canarias y Castilla La Mancha, y también algunos juzgados de lo contencioso-administrativo. En las cuales los tribunales vienen a indicar que si no habido un incremento de valor de los terrenos como consecuencia de la transmisión o este ha sido inferior al calculado por artículo 107 de la LHL, o bien faltara el hecho imponible, por lo tanto no habrá obligación tributario o bien la base del impuesto será inferior a la determinada por el artículo 107, por no ser esta base ajustada a derecho. Si bien a pesar de todas la jurisprudencia al respecto no esperamos un cambio de criterio al respecto por parte de las entidades locales, tan necesitadas en estos tiempo de recursos económicos, al contribuyente solo le queda apelar a los Tribunales de Justicia asumiendo un procedimiento largo y costoso incrementado por la actual Ley de Tasas Judiciales, o bien pasar por el aro aun a sabiendas de que esta pagando de mas.
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